La opinión
pública mexicana se sobresaltó al escuchar la inaudita noticia de la
aprehensión de Elba Esther Gordillo, líder histórica del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. Yo, al menos, dudaba que esta historia fuera
posible. Los tentáculos de ‘la Maestra’ llegaban a casi todos lados:
gobernadores, diputados y senadores, empresarios y millones de maestros afiliados
al sindicato. Durante 20 años, los gobiernos del PAN, del PRI y del PRD
(federales o estatales) no pudieron – o no quisieron – tocar el poder de la
maestra. Su yerno, fue incluso sub-secretario de educación básica en la SEP
durante buena parte del gobierno de Calderón.
El
procurador general de la República de la actual administración (¿siguiendo
órdenes del Presidente?) decidió proceder en contra de Elba Esther Gordillo.
Tal parece que los cargos están suficientemente fundados como para que ‘la
Maestra’ permanezca en prisión. Con los años, ella se ha constituido en el
imaginario colectivo como el epítome de la corrupción y el uso de los recursos
públicos para fines ajenos al bien común. Estos recursos públicos, en su caso,
no eran necesariamente estatales, pero pertenecían a todos sus agremiados y no
eran de su propiedad. Su detención es popular y rendirá puntos para el gobierno,
sin duda.
Muchos han
celebrado la defenestración de ‘la Maestra’ y señalan el hecho como un símbolo
de esperanza y un triunfo de la justicia. Otros festinan el hecho como un golpe
de fuerza del nuevo Presidente que no permitirá la indisciplina de ningún
actor. Yo me inclino a pensar que se trata de otro ‘quinazo’, parecido a la
aprehensión y juicio por parte del gobierno de Carlos Salinas a aquél
todopoderoso líder sindical de Pemex, Joaquín Hernández ‘la Quina’.
En la
matriz autoritaria del PRI-Gobierno, golpes estilo ‘la Quina’ son parte de la
tradición. Funcionaban (¿funcionan?) como un mecanismo por el que el Presidente
imperial (Krauze dixit) disciplinaba
al sistema político (gobernadores, diputados y senadores, jueces, militares y
líderes de sindicatos) y se colocaba en la cúspide de la pirámide por el resto
del sexenio. Era una muestra de poder para los que todavía dudaban de la
capacidad del nuevo Tlatoani. En un gobierno que se precia de ser democrático, sin
embargo, el golpe no es – no debería ser – tan significativo. En un gobierno
democrático, el show demanda coherencia.
Un gobierno
emanado del PRI puso en su puesto a Elba Esther Gordillo; un gobierno emanado
del PRI, la quitó. ¿Por qué habríamos de sorprendernos de esto? Gobiernos
emanados del PRI han sido responsables de crear líderes sindicales que pueden
enriquecerse a costa de los trabajadores y los contribuyentes. ¿Está tratando
la actual administración de disciplinar el antiguo sistema priista – al PRI-gobierno?
¿Mandando el mensaje de que si obedecen y cumplen la voluntad del Señor
Presidente, no habrá consecuencias; no obstante haya delitos que perseguir? Si
esto es así, lo que estamos viendo es un intento del Parque Jurásico por
reconstruirse. Malas noticias.
¿Está el
gobierno, por el contrario, decidido a hacer que se cumpla la ley? ¿A quitar
las reglas y las estructuras que han hecho de Elba Esther Gordillo el epítome
de la corrupción y la arrogancia? ¿Está dispuesto a investigar las cuentas – y las
‘operaciones inusuales’ – de todos los miembros del antiguo sistema: incluyendo
a los líderes petroleros, de la CTM, a ex gobernadores como Arturo Montiel? ¿Está,
sobretodo, dispuesto a cambiar las reglas que norman la relación del gobierno y
los sindicatos, y de los líderes sindicales con sus agremiados, para que casos
como el de ‘la Maestra’ no se repliquen? ¿Está el gobierno decidido a
fortalecer una cultura y mecanismos de rendición de cuentas? ¿A perder la
posibilidad de controlar y manipular todo desde la cumbre, como lo hacía el
viejo sistema priista? Si la respuesta a estas preguntas es negativa, el caso
de Elba Esther Gordillo sólo esconde una gran hipocresía. Aunque la
desarticulación del actual liderazgo del SNTE sea muy beneficiosa para una
reforma educativa en serio.
